En Medellín, la confianza que depositamos en un profesional de la salud es sagrada. Sin embargo, lo que debía ser un espacio de cuidado se convirtió, durante décadas, en un escenario de vulneración para decenas de mujeres. Esta semana, desde la curul que represento en el Concejo Distrital de Medellín, hemos alzado la voz para denunciar la presunta conducta abusiva y sistemática del urólogo Alberto Posada Peláez, un caso que revela no solo agresiones individuales, sino un fallo profundo en nuestro sistema de justicia médica.
El peso de la impunidad: una cronología de advertencias ignoradas
La denuncia que hoy estremece a la ciudad no es nueva. La línea de tiempo de este caso es, en realidad, el registro de una impunidad persistente:
- Décadas de quejas: desde finales de los años 90, ya circulaban testimonios entre el gremio urológico sobre el comportamiento de Posada Peláez. Incluso, en el año 2000, una víctima llegó a repartir volantes en El Poblado alertando a otras mujeres.
- La sanción que no detuvo el abuso: en 2018, el Tribunal de Ética Médica de Antioquia finalmente lo sancionó con seis meses de suspensión tras haber probado el abuso contra la paciente Janeth Trinidad Tobón. Increíblemente, a pesar de este fallo ratificado, el profesional desatendió la sanción y continuó ejerciendo sin que las instituciones médicas hicieran efectiva la restricción.
- Justicia anulada: aunque los hechos eran graves, un juez anuló el fallo del Tribunal por un tecnicismo administrativo, dejando a las víctimas en total desprotección.
Ante las demandas sin respuesta, los años pasan y la voz se alza para exigir justicia.
Frente al silencio histórico, la voz de la ciudadanía en cabeza de la curul que represento, es urgente pasar de la indignación a la acción jurídica contundente. “Las mujeres merecemos espacios seguros”.
Para romper esta cadena de complicidad, he radicado Derechos de Petición ante las siguientes entidades:
- Fiscalía General de la Nación
- Clínica Las Vegas
- Ministerio de Salud y Protección Social
- Tribunal de Ética Médica
Un eco que no se puede callar
Esta denuncia ha generado un efecto dominó. El caso ha captado la atención de 14 medios de comunicación y generado al menos 17 reportes periodísticos (incluyendo Blu Radio, Caracol, El Colombiano y Semana), visibilizando una realidad que llevaba años en la sombra.
Esta lucha ha sido amplificada por voces poderosas como la de Juliana Gutiérrez, candidata al Senado por el partido político Creemos, quien, junto a la Secretaría de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, se han unido al llamado de justicia. Como respuesta directa, la Alcaldía de Medellín ha activado una línea exclusiva 321 467 70 71 para atender y asesorar a las víctimas de este caso.
¡Ni una más!
Desde mi gestión y lo que represento, estos comportamientos no se pueden permitir. Alzar la voz no es solo un acto político, es un imperativo humano. No estamos pidiendo favores; estamos exigiendo que las entidades den respuesta y que la ética médica sea un escudo para el paciente, no un refugio para el abusador.
A las más de 20 mujeres que ya han denunciado: no están solas. Medellín no será más el lugar donde el silencio es el aliado del abuso. Seguiremos vigilantes hasta que haya justicia real.
Acá estamos exigiendo respuestas, exigiendo celeridad en los procesos que llevan años de silencio y que han caducado por tiempos legales, pero no porque se demuestre claridad.
Este proceso sigue vigente en el alma de quienes exigen justicia. Yo represento a las mujeres que exigen una respuesta y acciones claras y contundentes.
¿Quieres ver algunas notas periodísticas que apoyaron esta denuncia y los medios de comunicación que se sumaron?
— Camila Gaviria
Concejala de Medellín
